El “castigo” a las alcaldías opositoras

Los escombros tienen ya varios meses de estar siendo removidos por los vehículos y los peatones que transitan a diario por la calle. Lo que fue el inicio de una obra de adoquinado en el barrio Claudia Chamorro, en el municipio de Waslala, es hoy un proyecto paralizado. La polvareda que se levanta impacta en las casas y en el rostro de Jairo González Zamora, un campesino que cambió la bestia por la motocicleta para desplazarse a la finca.

González Zamora vive en el casco urbano de esta ciudad, ubicada en el Caribe Norte, en medio de agrestes parajes aledaños al Triángulo Minero de Nicaragua. Waslala —convertida en municipio apenas en 1989— es una ciudad que, paulatinamente, intenta cambiar su fachada rural.

“Aquí hace falta mucho para seguir avanzando”, afirma González Zamora, mientras empuña los ojos para protegerlos del polvo. “Es dañino para la salud, y aquí en Waslala tenemos muchas calles malas… pero parece que no hay recursos financieros”, lamenta.

El proyecto de adoquinado previsto por el alcalde liberal de Waslala, Luis Ramírez Gutiérrez, beneficiaría a los barrios Claudia Chamorro, 19 de Julio, 380 y El Progreso. Sin embargo, las obras solo arrancaron en la calle en la que González Zamora está estacionado junto a su motocicleta. La alcaldía no tiene recursos para ejecutar. Las transferencias municipales que el Estado de Nicaragua debe otorgarles por ley están estancadas desde hace años, y tampoco crecen al mismo ritmo de las demandas sociales de Waslala.

Waslala no,  Siuna o Matiguás sí

Moisés Herrera, director de planificación de la alcaldía, señala que en el barrio Claudia Chamorro estaba proyectada la construcción de dos mil metros lineales de adoquinado. Pero solo lograron adoquinar una cuadra, y la intercepción que conecta con el centro del pueblo quedó inconclusa: pequeñas pilas de adoquines a la derecha, arena por el otro, piedras por todos lados, y dos letreros verdes que avisan “no hay paso”, pero a los que nadie ya respeta.

“No pudimos lograr esa meta física por la falta de financiamiento… el recorte de transferencia que año a año ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda”, justifica Herrera.

Hacienda es el ente estatal encargado de transferir las partidas presupuestarias a los 153 municipios de Nicaragua. En los registros actualizados para 2017, puede constatarse que las trece alcaldías gobernadas por partidos opositores registran un estancamiento o reducción en las asignaciones, contrario a las 140 municipalidades oficialistas, cuyos montos aumentan de forma exponencial.

El alcalde Ramírez Gutiérrez ha sido uno de los pocos que ha denunciado esta disparidad registrada en el último lustro. Según su criterio, esta repartición viola la ley de Transferencias Municipales, número 466. El edil compara Waslala con Siuna, municipios con las mismas características de población y recaudación, dos de los parámetros más importantes para calcular las transferencias.

En 2016, Waslala recibió 40 millones 809 mil 135 córdobas, mientras que Siuna obtuvo 66 millones 179 mil 389 córdobas, según el Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI). La alcaldía sandinista tuvo un incremento del 18.3%, mientras en la alcaldía opositora apenas aumentó 2.51%.

Esta disparidad afecta de forma directa la capacidad del alcalde Ramírez para responder a las demandas sociales de este municipio productor de cacao, café y granos básicos. Una mañana de febrero, el edil celebró una reunión con líderes comunales de Waslala. Las solicitudes de los pobladores eran las mismas: caminos y puentes.

“La necesidad que tenemos ahorita son unas puentes para la carretera del Guayabo que conduce al Bocay.  Por lo menos, el puente grande que está pegado al pueblito nos da problemas en el invierno… los niños que vienen a clases se trancan allí, los vehículos”, cuenta Oscar Mendoza, líder comunal de Cuyalí Central.

El panorama no es distinto para 2017. El presupuesto aprobado refleja que Waslala recibirá 42 millones 558 mil 780 córdobas. En cambio, Siuna 76 millones 34 mil 780 córdobas. “Una diferencia casi del 50%”, reclama Anibal Sánchez, responsable financiero de la municipalidad liberal.

En los últimos cuatro años, Sánchez ha sistematizado el flujo de las transferencias. Recuerda cada dato y lo compara con otros municipios sandinistas, de características similares a Waslala. Cada vez que expone un porcentaje hierve de indignación. Matemáticamente —especifica enojado— no entiende cómo la Comisión de Transferencia, encabezada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), calcula los montos.

“Al fin y al cabo nadie da alguna explicación lógica”, fustiga el responsable financiero. Sánchez deja el asiento y entra a su oficina. Saca otro manojo de papeles, que tienen impresos tablas preñadas de números. Son los números que debieron ingresar como transferencia a Waslala. Son los números que, de ser reales en las arcas de la alcaldía, hubiesen contribuido con el adoquinado del caso urbano del municipio, o la construcción de puentes.

“Hay una fórmula con números exactos, en la que se debía respetar la población, territorio, índice de pobreza y la ejecución de los fondos del noventa por ciento, y, obviamente,  la transparencia”, explica Sánchez. “De 2007 a esta fecha, la fórmula la han venido manipulando, de tal manera que recetan de forma inadecuada montos a municipios que son iguales que Waslala”.

Otro ejemplo es Waslala versus Matiguás. En el presupuesto aprobado para 2017, la opositora aumentó sus transferencias 4%, mientras que la sandinista 8.72%.

La mañana termina en Waslala. Los vendedores de frijoles recogen los granos que sobraron de la jornada. Los buses detienen su estridencia cuando el único semáforo del pueblo marca luz roja. Los comedores ya reciben los primeros clientes. Los estudiantes desfilan de azul y blanco; unos salen, otros van a clases. Es la dinámica de mediodía. Hoy, el alcalde Ramírez no tiene hambre. Tiene otra reunión que atender. Recuerda que en 2013 los diputados de la Asamblea Nacional legalizaron la forma dispareja de la entrega de transferencias entre municipalidades sandinistas y opositoras, que  venía dándose.

Con 64 votos a favor, la bancada sandinista decidió otorgarle a la Comisión de Transferencia la discrecionalidad de asignar los recursos a los municipios, sin la necesidad de ceñirse a los cuatro parámetros establecidos por ley: Equidad fiscal, eficiencia en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), población y eficiencia en la ejecución.

Gilberto Lindo, experto en municipalismo, señala que la ley original —aprobada en 2003, durante la presidencia del ingeniero Enrique Bolaños, y que pretendía descentralizar recursos para otorgarle autonomía financiera a las 153 alcaldías del país — le daba un valor de 25% a cada parámetro.

Lindo participó en la formulación de estas leyes, cuando en los años dos mil estaba en boga en Latinoamérica la descentralización de recursos, al amparo de la Autonomía Municipal, misma que ha sido demolida en el país por el gobierno del comandante Daniel Ortega, coinciden los especialistas en la materia.

En las discusiones sobre el modo de calcular las transferencias, fue acordado el principio del “chelín”, en referencia a la moneda de 25 centavos, llamada popularmente de esa manera.

“El fin de esta distribución era no castigar a los municipios que no eran oficialistas en ese tiempo, cuando estaba Enrique Bolaños en la presidencia. Es decir, no afectar a municipios sandinistas”, apunta Lindo. El experto agrega que para evitar cuestionamientos sobre la transparencia en los giros que salen del Presupuesto General de la República hacia las alcaldías, anualmente se divulgaba en cada departamento la forma en cómo fue aplicada la fórmula, con el fin de dejar claro la distribución de las transferencias.

Sin embargo, con la reforma de 2013, todo cambió. Un porcentaje de las transferencias deberían ser destinadas a salud, agua y saneamiento. En otras palabras, la Comisión puede modificar el principio del “chelín”. A juicio de Lindo, no sería tan grave si publicaran en detalle los porcentajes destinados a cada parámetro establecido por ley, y las nuevas atribuciones impuestas por la reforma. Pero como con toda la información pública bajo el gobierno sandinista, el secretísimo es la norma.

“Todo queda a criterio de la Comisión. Es decir, que cada año puede cambiarlo. Puede decir que el 1% es para equidad, decidir el porcentaje que le dé la gana…”, critica Lindo, y añade molesto: “Pero esa Comisión no informa, no hace público qué porcentaje utilizó para cada criterio. Allí está fallando. Todo el mundo estaría feliz y contento si sabe en qué lo que están usando, pero no dicen”.

En 2013, el jefe de bancada sandinista, el diputado Edwin Castro, justificó la reforma con el argumento de no estar “con una camisa de fuerza, porque las cosas son cambiantes”. “Un municipio hoy es pobre, recauda más y de repente necesita menos ayuda del Estado para apoyar más al otro que no es más pobre”, dijo.

Si las cosas fuesen “cambiantes”, Lindo no se explica por qué los presupuestos municipales de las alcaldías sandinistas son tan parecidos. Por ejemplo, todos necesitan parques, como el construido en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega. Colorido, con juegos de diversión e internet inalámbrico. “A simple vista miras cómo hay una línea de orientación. ¿Cómo es posible que todos los municipios tengan o planteen las mismas necesidades?”, lamenta Lindo en nombre de la Autonomía Municipal.

 

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