Corrupción a todo color, Ortega protege Rivas

La reforma a la Ley Electoral, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional para trasladar las funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral al vicepresidente de ese Poder, “es ilegal e ilegítima” según el abogado y exdiputado liberal que estuvo a cargo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, José Pallais.

La Asamblea aprobó con trámite de urgencia la reforma presenta a cincuenta días de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, quien está desaparecido de la vida pública desde entonces y ya había sido reemplazado en actos oficiales por el vicepresidente, Lumberto Campbell.

“La reforma violenta el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución, que establece que las reformas a las leyes constitucionales deben seguir el procedimiento propio de la reforma parcial a la Constitución, con la excepción de las dos legislaturas”, afirma Pallais.

El exdiputado también sostiene que “el artículo 192 de la Constitución Política establece que la iniciativa de reforma parcial deberá ser enviada a una comisión especial que la dictaminara en un plazo no mayor a sesenta días”. La reforma al artículo 14, aprobada el miércoles demoró menos de veinticuatro horas.

“En consecuencia –sostiene Pallais– el procedimiento de aprobación y la reforma son inconstitucionales y por lo tanto resultan ilegales e ilegítimas”.

Además, el abogado experto en Derecho Constitucional afirma que “la reforma rompe el principio de jerarquía funcional que posibilita el funcionamiento ordenado de los poderes y órganos administrativos, lo cual –critica– solo es posible en los regímenes totalitarios en que todos los miembros del Consejo conocen y aceptan que ninguno tiene autoridad sino que la autoridad la ejerce el dictador quien autoriza hasta el más mínimo detalle sometiéndose todos los miembros a la autoridad del Ejecutivo”.

“Para no dejarlo solo”

Azahálea Solís, miembro del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) y también experta en Derecho Constitucional, estima que la reforma electoral aprobada es solo “una manera de salir o sacar a Roberto Rivas del problema en el que está, e igual al Gobierno de Ortega”.

“Se tiene que dar una respuesta a los gringos y no puede dejar a un socio de la mafia sin protección. Si (Ortega) lo destituye (a Rivas), es un mal mensaje para otros que están en la misma situación de hacer marrulla con las instituciones y manejo de las instituciones a su gusto, entre fraudes electorales, corrupción y todo lo demás. Perdería frente a esas personas, que al sentirse desprotegidas no quizá no dudarían en hacer trato con los Estados Unidos”, estima Solís.

Además, coincide en que “no hay justificación jurídica ni política para actuar de esa manera, con un trámite de urgencia”.

El exdiplomático y excandidato a alcalde de Managua por el partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, también opina que el objetivo de la reforma es no dejar sin protección a Rivas, quien a pesar de tener reducidas sus funciones conservará su inmunidad, su salario estimado en unos cinco mil dólares mensuales y todos los privilegios de su cargo.

“Siguen tratando de protegerlo, de tapar lo que no se puede trapar, porque siguen enfrentando una situación muy delicada (con Estados Unidos). Roberto Rivas efectivamente no está condenado por ningún tribunal, pero le han tocado sus bienes y la de sus familiares, que van a aparecer en listas negras”, estima Díaz.

“El objetivo –reitera– es protegerlo. No dejarlo solo. Es el comportamiento del sandinismo. No los lanzan a los leones, no hacen leña del árbol caído”.

Según Díaz, estas “son malas señales para los nicaragüenses, porque este Gobierno hace lo que quiere, sigue abusando de su poder y al día de hoy no nos hemos podido poner de acuerdo para enfrentar de manera más decidida y unida a este tipo de régimen”.

Cualquiera renunciaría, dice expresidenta del CSE

La expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, asegura que “no se entiende porqué hacer este cambio”, dejando a Campbell como el presidente real y a Rivas solo de nombre.

“Hay una destitución de hecho, porque el presidente está sin poderes, y  no se ve en otro lugar del mundo que el vicepresidente tenga más facultades”, cuestiona. Zelaya estima que cualquier otro presidente en su lugar renunciaría al cargo.

La comandante guerrillera y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, considera que la reforma electoral fue la salida del Gobierno ante la situación de Rivas, quien “quedó sin vida legal por las sanciones, con muerte civil para efectos financieros, de manera que “su papel estaba liquidado y el CSE paralizado”.

En la exposición de motivos de la reforma no se citan las sanciones de Estados Unidos.

En cambio, se argumenta únicamente “la búsqueda de la eficiencia administrativa en el proceso de modernización del Estado, se hace oportuno que la administración del Poder Electoral pueda ser ejercida por el Vicepresidente”, citando “la dinámica del proceso integrado de los proyectos de Registro Civil, Cedulación y Empadronamiento Electoral que impulsa el Consejo Supremo Electoral”.

Sin embargo, Téllez asegura que simplemente “Rivas está escondido y protegido” y por eso “le dejan la inmunidad, el cargo, el salario, los privilegios”.

“¿Cuánta información tiene Roberto Rivas de Daniel Ortega, para gozar de semejante protección? Nadie lo está investigando, nadie le está quitando la protección. Él está cubierto bajo el manto de la familia Ortega – Murillo”, increpa Téllez.

El abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, estima por su parte que con la reforma, “Ortega se está cerrando a cualquier concesión. “Esta –dice– es una señal que (Ortega) no destituirá a Roberto Rivas y hace un parche legal con el fin de que los bancos puedan aceptar las firmas del CSE”.

Núñez también señala que el procedimiento de aprobación de la reforma “es violatorio a la Ley Orgánica del Poder Legislativo”. Sin embargo, indica que “eso ya dejo de interesar al régimen, ya ni siquiera guardan apariencias mínimas legales, aun sabiendo que se encuentran en control total del sistema”.

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